El año 2024 terminó con lo que inicialmente podría considerarse una noticia positiva para el entorno empresarial de Ecuador: las corporaciones reportaron un total de 7. 435 millones de dólares en utilidades netas. Sin embargo, debajo de esta cifra se encuentra una realidad significativamente menos alentadora. Apenas el 30% de las empresas en funcionamiento logró obtener beneficios. Más de 79. 000 organizaciones, en su mayoría micro y pequeñas empresas, no lograron cubrir sus gastos o, incluso, concluyeron el año con pérdidas.
En este contexto, el Gobierno ha propuesto una reforma fiscal con el objetivo de incrementar la recolección impositiva. No obstante, esta iniciativa se dirige principalmente a aquellos que han logrado sobrevivir. La propuesta, que forma parte del proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, sugiere la implementación de un impuesto del 12% sobre los dividendos distribuidos—sin tener en cuenta los impuestos ya abonados por la empresa—y la creación de un gravamen progresivo que oscila entre el 0,75% y el 2,5% sobre las utilidades no distribuidas. Esto significa que incluso las empresas que decidan no repartir sus ganancias y opten por reinvertir o guardar este capital como reserva también enfrentarán un nuevo impuesto.
Esta política no solo se presenta como excesivamente agresiva en términos de recaudación, sino que puede considerarse un castigo a la acumulación de ahorros empresariales y a una gestión financiera sensata.
Las estadísticas evidencian esta desigualdad. Según un estudio de la Superintendencia de Compañías el 87% de los beneficios corporativos provienen de grandes empresas, las cuales constituyen únicamente el 3% del total de empresas en el país. En contraste, las microempresas, que representan el 72% del ecosistema empresarial ecuatoriano, reportaron pérdidas que superan los 221 millones de dólares. Este es precisamente el sector más vulnerable ante este tipo de reformas, ya que muchas de estas pequeñas empresas dependen de sus limitadas utilidades para su supervivencia o para reinversiones, no como una estrategia especulativa de acumulación.
La implementación de estos nuevos impuestos impone una carga innecesaria sobre las empresas para que distribuyan sus beneficios o las castiga si optan por retener reservas. En este contexto, en lugar de promover el crecimiento de las empresas, se plantea un potencial retroceso en lo que respecta a la estabilidad económica. Si Ecuador desea aumentar el empleo, la innovación y la formalización de las empresas, esta no parece ser la dirección más adecuada.
Las modificaciones fiscales requieren mucho más que simples opiniones; necesitan una planificación meticulosa y soluciones adecuadas a la realidad del país. En tiempos desafiantes, la preparación es fundamental para avanzar.
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